Jorge Ramón Muñoz, membre del Centro Diego de Covarrubias
Tras escribir mi último artículo para esta casa, me he encontrado con críticas de algunos de mis lectores por proponer un sistema de servicios públicos basado en la provisión privada de los mismos.
Esto probablemente se ha debido a que una parte de ellos han entendido que la provisión de forma privada de servicios públicos es una forma de privatizar y dejar a los más necesitados fuera del sistema. Ni mucho menos. Simplemente es una forma de introducir competitividad y ganar eficiencia en partidas de gasto que son gigantescas.
Como reconozco que este tipo de propuestas a veces pueden ser complicadas de entender con una explicación teórica voy a intentar explicar cómo funcionaría la provisión privada de un servicio público que nos atañe a todos como la educación primaria.
En primer lugar, ¿cómo se financiaría la educación primaria? Pues de la misma forma que se hace en la actualidad, a través de impuestos. La novedad es en la forma de asignar el dinero público entre los distintos centros. Con un sistema de provisión privada se ofrecería la posibilidad de obtener fondos públicos (la misma cantidad que se asigna por niño en la actualidad) a distintos colegios (empresas gestionadas de forma privada) a cambio de ofrecer un servicio educativo que cumpla con las condiciones impuestas por el Ministerio de Educación.
En segundo lugar, ¿a qué colegio podría llevar a mis hijos? A cualquier colegio que cumpliera con los requisitos implantados por el Ministerio de Educación. Usted simplemente matricula a su hijo en ese centro y el estado/comunidad autónoma paga. Además, si usted no simpatiza con la calidad o la forma de educar de un determinado colegio podría cambiar a sus hijos de colegio con plena libertad o incluso optar por una alternativa más personalizada a sus necesidades -como la educación privada- ya que estos sistemas no son excluyentes.
Otro dato a tener en cuenta es que la educación sería de la misma calidad (o mejor) que en la actualidad. Ya que para que un colegio obtenga fondos tiene que cumplir con todos los requisitos expuestos por el Ministerio de Educación. Por tanto, no se tiene que pensar que porque un profesor pase de estar empleado por el Estado a estarlo por un empresario va a enseñar de peor forma si las condiciones son las mismas.
Lo único que cambia en este modelo es que en lugar de pagar directamente a empleados públicos se paga a un gestor para que orqueste el funcionamiento correcto de ese centro. Este velará por que nada salga mal ya que al fin y al cabo es su empresa y tiene fuertes incentivos (la posible pérdida del capital invertido) para que funcione con la máxima calidad y eficiencia.
¿Cuáles son las ventajas de este modelo?
En primer lugar la posibilidad de castigo a centros que estén empleando de forma inadecuada el dinero público. Si un centro no es capaz de ofrecer un servicio de calidad los padres simplemente cambiarán a sus hijos de colegio y este quebrará. Esto liberaría recursos mal gestionados y dejaría la puerta abierta a que otro gestor intentará perseguir esa oportunidad de negocio y aprovechar esos recursos que se encuentran a su alcance.
En segundo lugar, se introduciría competencia entre centros. Si los niños que van al colegio A son capaces de hablar perfectamente inglés mientras que en el colegio B esto no pasa, los gestores del último, movidos por la esta señal que amenaza su existencia en el futuro, tomarían medidas para intentar ponerse a la altura y evitar la fuga de niños al centro A en el cual la educación (producto) es de mejor calidad.
Otro dato a tener en cuenta es que se podría flexibilizar las plantillas de trabajadores. Al no tener que estar sujetos a la condición de empleados públicos los colegios podrían modificar sus plantillas con más libertad. Esto se traduce en la posibilidad de aumentar o reducir el número de profesores según cambia el número de alumnos, en la posibilidad de despido si un profesor no es capaz de mantener niveles de calidad a lo largo de su vida como docente o la capacidad para contratar especialistas en determinadas materias muy concretas.
Conclusión: un modelo de provisión privada de servicios públicos ni expulsa del sistema a quienes tienen menos recursos ni deja todas las decisiones en manos del sector privado. Simplemente introduce elementos como la gestión indirecta del servicio, posibilidad de flexibilizar el mismo, competencias entre distintos centros y la necesidad de que estos mismos se encuentren expuestos a los consumidores como cualquier otra empresa. Personalmente creo que todos estos factores justifican la transición a este modelo, especialmente cuando no sería ni un euro más caro.
Me parece muy buena idea. De hecho es lo que se hace con el famoso “Cheque escolar” no? Se le da un cheque escolar a los padres y ellos acuden al colegio que quieran a “canjearlo”…
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