Edifici històric de la Universitat de Barcelona - Europa Press
Los recortes en la educación, si bien pueden ser necesarios, para asegurar la estabilidad financiera vuelven a poner el acento en la sílaba equivocada. Hoy en día, lo fundamental es la ciencia, la competitividad y la innovación. Pero ello ha sido poco respetado en estos últimos presupuestos porque se ha preferido respetar privilegios que son muy poco rentables para el conjunto de la ciudadanía.
El número de entidades universitarias públicas y el conjunto de campus universitarios a lo largo de España es escandalosamente ineficiente, caro y poco competitivo. Las cifras son claras, aportamos un 3% de la actividad científica mundial, pero ninguna de nuestras universidades está entre las mejores. En otras palabras, tenemos muchas universidades con calificación de aprobado, algunas de notable, pocas de sobresaliente y ninguna de matrícula de honor. Es cierto que esto último premia la excelencia académica y que sólo la obtienen unos pocos. Además que con un boom universitario como el de la década de los setenta y ochenta es normal que hubiera una ampliación de universidades, pero hoy día es simplemente innecesario.
De tal manera que contamos con una plantilla de universidades hecha a la luz del pasado, poco especializadas, expendedoras de servicios similares y en su mayoría sin un proyecto claro que las identifique por si mismas. En este sentido, las facultades de derecho son casi el mejor ejemplo, repetidas como cromos, sin una lista oficial de especialidades de cada una de las universidades que se traduzcan en masters atractivos para el conjunto de la ciudadanía europea y latinoamericana. De esto segundo no nos falta, pero de lo primero estamos bien escasos.
Ha habido medidas correctoras, como la creación de campus de excelencia universitarios, que ha emprendido el camino de la competición interuniversitaria, pero de forma muy incipiente. Sin embargo, no sólo nos hace falta competir entre centros univesitarios por la excelencia, sino que también necesitamos un mapa de titulaciones racional que lleve intrínseco un sistema de becas potente y exigente. Otras medidas adyacentes, pero que seguro mejorarían el sistema, serían la promoción de la beca-préstamo, mayor dotación de becas de colaboración para estudiantes universitarios en los servicios de la universidad o la implantación del modelo de la Student Union. Esta última es una casa del estudiante gestionada por empresas y recién licenciados que emplean a estudiantes para la mayoría de sus funciones. Así, se crea empleo y se ayuda a financiar los estudios de forma indirecta. Esto es, medidas de eficiencia del mercado que respetan los derechos de muchos, simplemente que cambian las reglas.
Ahora bien, todo ello no es posible sin que haya un orden en el sistema. El motivo no es tanto por el número de facultades, campus o universidades que haya repartido por España, sino porque sin un orden en el sistema universitario, que mantenga su autonomía, no es posible una universidad de calidad. Por tanto, hace falta reducir el número de facultades repetidas, por poner un ejemplo, Castilla y León tiene cuatro universidades y en las cuatro se enseña derecho. Por tanto, entiendo que si hubiera una red de campus coordinados en vez de que cada una de las universidades diseñara el suyo propio ganaríamos en especialización, cuestión de la que carece España en su conjunto.
Por último, no se trata de un modelo público sin intervención privada, cuestión errónea en un mundo tan interactivo, ni tampoco de tener un profesor para cinco alumnos porque la matrícula no es mayor, sino reinventar nuestro modelo. Seamos valientes, quitemos algunos rectorados, simplifiquemos estructuras, pongamos las facultades necesarias para la demanda existente y seamos innovadores con el establecimiento de nuevas titulaciones. No es cuestión de mercantilizar sino de fomentar una estructura pública eficiente y con garantías de futuro en el siglo XXI.